Las nuevas reglas establecidas en la reforma de la LFT para el reparto de utilidades, ajustes del objeto social, inscripción ante el REPSE y responsabilidad solidaria, son solo algunos de los aspectos de los que deben estar al tanto las empresas este 2022.

Y es que, derivado de la regulación del outsourcing o subcontratación en México, son muchas las adaptaciones y cambios que las empresas deben ejecutar, si desean permanecer dentro del marco legal y evitar las sanciones por incumplimiento, que dicho sea de paso se han endurecido. 

A continuación te compartimos 8 principales puntos de la agenda laboral a atender a lo largo de este año, señalados y ampliamente explicados por Joan Vila Casanovas, Partner de Delvy México durante la primera edición de nuestro Digital Talent Talks.

1. Registro ante el REPSE

El Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE) es la plataforma puesta a disposición por la STPS para acatar el art. 15 de la LFT, en donde se establece que las personas físicas o morales que proporcionen servicios especializados o ejecuten obras especializadas deben contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En repse.stps.gob.mx es posible ingresar la solicitud de registro al Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas, uno de los requisitos más importantes para quienes desean brindar o ejecutar obras especializadas, pero también para las empresas que las reciban, quienes deberán asegurarse que éstos cuentan con su respectivo folio y solicitar copia de los comprobantes fiscales.

El REPSE es un registro en el que se manda regularmente cierta información para asegurar que la subcontratación se ciñe a los aspectos en que está permitida.

La renovación es cada tres años y si no hay eventos que provoquen la baja de la compañía, solo se registra, obtiene un folio y está listo, a partir de ahí tiene que empezar a entregar periódicamente cierta información.

2. Responsabilidad solidaria

Las empresas deben corroborar que la empresa prestadora de servicios u obras especializadas está registrada ante el REPSE, que cuenta con su folio y registro vigente, pues serán responsables solidarios en temas laborales y fiscales.

Asimismo, deberá solicitar a la prestadora de servicios copias de los comprobantes del pago de las cuotas obrero patronales en cuestiones de Seguridad Social e Infonavit; de la declaración de las retenciones de impuestos y su comprobante de pago; de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios, de comprobante de pago de las retenciones de ISR y del IVA, así como verificar el cumplimiento formal del subcontratista en materia de Prevención de la Lavado de Dinero.

Las empresas beneficiarias tienen la responsabilidad de conseguir esta información, no es solo que las prestadoras tengan que entregarlo sino que las beneficiarias tienen que asegurarse de contar con esta información.

3. Cambio de objeto social o internalizar al personal

Recordemos que, con la reforma de ley, se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que NO formen parte del objeto social, ni de la actividad económica preponderante. 

Es decir que si una empresa se dedica al desarrollo y venta de software, NO puede subcontratar desarrolladores ni vendedores, pero quizá podría externalizar la promotoría, el marketing, la limpieza de las oficinas, contabilidad, etc., servicios que deberán brindarse por proveedores legalmente registrados en el REPSE.

Por ello, algunas empresas han optado por replantearse la reestructuración de su objeto social. 

4. Reparto de utilidades (PTU)

Este año entra en vigor el nuevo modelo para determinar el pago de las utilidades de las empresas entre sus trabajadores, resultado de las negociaciones entre la iniciativa privada y el gobierno, como parte de la reforma de outsourcing promulgada en abril de 2021.

Si bien las utilidades se fijan según el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresa, mismo que a la fecha asciende es del 10% de las utilidades netas, el nuevo mecanismo establecido en la fracción VIII del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, contempla un límite para el pago de las utilidades en dos modalidades:

  • Tres meses de salario de la persona trabajadora
  • El promedio del PTU recibido en los últimos tres años

Tomándose en consideración el monto que resulte más favorable a cada trabajador.

5. Inscripción en el portal de Prevención al Lavado de Dinero

Entregar comprobantes de pago de seguridad social y de las retenciones de ISR de los trabajadores no debería ser ajenos a las empresas que subcontratan personal, pues siempre estuvo dentro del marco de esta práctica.

En este sentido el tema de la prevención de lavado de dinero ha sido también un aspecto que se ha reforzado con toda la implementación de la regulación muy estricta de la subcontratación, de forma que el portal de Prevención de Lavado de Dinero ha adquirido un papel que probablemente no tenía, que no era tan relevante pero muy vinculado al esquema de fraude al que se asociaba tradicionalmente el outsourcing, pues está sujeta a todos los temas de prevención.

6. Inspecciones

El registro antes el REPSE implica la coordinación y cercanía con el IMSS, el SAT y la Procuraduría Fiscal, lo que facilita la detección en caso de incumplimiento.Con ello, se prevé que la autoridad intensifique las inspecciones de las empresas de subcontratación para verificar que cumplan las nuevas reglas previstas en la LFT.

Durante la etapa inicial de registro ante el REPSE, que concluyó en septiembre de 2021, la STPS aseguró que la supervisión ocurriría bajo dos escenarios: cuando hubiera denuncias por el uso de éste registro para disfrazar el suministro de personal y cuando se presentara documentación falta para la inscripción al padrón.

Los servicios especializados son sin duda uno de los focos de atención para inspecciones, es decir no duden en que con el tiempo, las empresas inscritas en el REPSE y las operaciones y los contratos que hagan con terceros van a ser uno de los focos de fiscalización por parte de las autoridades, eso es un hecho.

7. Esquema de sanciones

Las modificaciones, resultado de la reforma en materia de subcontratación, contemplan las multas más altas de la historia de la legislación laboral, que van desde las 2,000 hasta las 50,000 UMAs, es decir desde $192,440 hasta $4,811,000, para quien realice o preste servicios de subcontratación, sin contar con registro correspondiente.

Asimismo, se podrá considerar esta figura como delito de defraudación fiscal, el cual se castiga hasta con tres años de prisión.

En caso de que un patrón no permita la inspección y vigilancia de las autoridades será acreedor de una multa de entre 22 mil y 448 mil pesos.

8. Efectos fiscales

Por último, es fundamental estar pendiente del impacto que ha tenido la reforma en cuanto a efectos fiscales, siendo algunos de los más relevantes:

En la última reforma publicada en el Código Fiscal de la Federación en noviembre de 2021, se establece que no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento, los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante (Art. 15-D). 

Mientras tanto, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) se establece cuáles son los requisitos de las deducciones por subcontratación de servicios u obras especializadas (Art. 27), así como aquellos gastos no deducibles por servicios de subcontratación prohibida conforme a la LFT (Art. 28).

Por su parte, el los artículos 4 y 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) en donde se habla sobre qué y qué no es acreditable, y cuáles son los requisitos para el acreditamiento del IVA.

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